¿Cómo se puede saber si una política es sostenible?

Juana Aznar Márquez, profesora de Fundamentos del Análisis Económico UMH

En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU publicó el informe “Our Common Future” más conocido como Informe Brundtland ya que la comisión estaba presidida por la ex primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland (ONU, s.f). En este informe se definió el desarrollo sostenible como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras. Esta definición de sostenibilidad se centraba en el deterioro ambiental y en el reconocimiento del agotamiento de recursos naturales, cuestiones sobre las que se habían empezado a escuchar voces en los años 60 del siglo pasado. Sin embargo, no será hasta la Cumbre de la Tierra de Río (1992) cuando la ONU adoptó formalmente la sostenibilidad en su agenda, creando la Comisión por el Desarrollo Sostenible.

Se tendrá que esperar hasta la aprobación por parte de la ONU en 2015 de la Agenda 2030 para la consideración más explícita de la sostenibilidad desde un punto de vista más amplio. Teniendo a las personas en el centro y sin dejar a nadie detrás, la Agenda 2030 constituye un plan estratégico para que los países consigan la sostenibilidad ambiental, económica y social. Es decir, la Agenda 2030 persigue conseguir sociedades que sean más justas y equitativas en un contexto de bienestar y justicia social, laboral y medioambiental (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, 2026).

Pero ¿cómo se mide si se está consiguiendo la sostenibilidad ambiental, económica y social? La Agenda 2030 se concreta en 5 pilares que se dividen en 17 Objetivos de Desarrollo sostenible y que estos a su vez se desarrollan en 169 metas (ONU, s.f). Estas metas permiten una cuantificación a través de 230 indicadores a través de los cuales los distintos países pueden apreciar su evolución y si se están acercando al valor del indicador objetivo marcado por la Agenda 2030. Algunos ejemplos de estos indicadores para España, cuya información es facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), son: proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza desglosada por sexo y edad, proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado desglosada por sexo, edad, proporción del empleo informal con respecto al empleo total desglosada por sector y sexo, índice de desperdicio de alimentos o las emisiones de gases de efecto invernadero (INE, 2026).

Una característica importante de los ODS es que, cual fichas de dominó, si se avanza en uno esto tiene efecto en algunos otros. Así, por ejemplo, una mejora en el nivel educativo tiene consecuencias sobre el acceso al empleo y la reducción de la pobreza.

Si bien los indicadores permiten la evaluación de los progresos, es necesario contar con información estadística fiable acerca de los aspectos que se quieren analizar, así como con herramientas adecuadas para ello. Además, hay que tener siempre en cuenta que las estadísticas deben estar desagregadas por sexo.

Pero ¿cómo se pueden mejorar los resultados que miden los indicadores? En la consecución de los ODS están implicados todos los agentes económicos, desde las personas a las empresas y las instituciones. Las personas y las empresas con sus comportamientos individuales como por ejemplo a través de un consumo de energía responsable, con la reducción de los residuos generados, con la contratación de personas con un salario justo….están ayudando a la consecución de los ODS. Pero también las instituciones a través de decisiones que se materializan con políticas públicas tienen repercusión sobre los ODS.

Una política sostenible (que por lo tanto se alinea con los ODS) integra distintas dimensiones que se refuerzan entre sí: económica, social y medioambiental. Así, deberían tomarse decisiones económicas que procuren un crecimiento a largo plazo que sea inclusivo, reduciendo la pobreza, promoviendo la equidad de género y respetando los derechos humanos que no dañen el medio ambiente (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, 2026).

Se trata pues de diseñar políticas que sean coherentes en donde las personas sean el centro en torno al cual son diseñadas. Sin embargo, la crisis financiera que se inició en 2007 en Estados Unidos y que se extendió entre otros países, incluidos los de la Unión Europea, llevó a una gran preocupación por la denominada estabilidad financiera, es decir, por controlar los desequilibrios en las cuentas públicas en forma de control del déficit público y el nivel de deuda de los países lo que llevó a una menor cantidad de recursos de apoyo a las familias y los Servicios Sociales que generó empobrecimiento de la población.

Por otra parte, la crisis económica que siguió a la pandemia provocada por la Covid-19 supuso un importante desembolso de las cuentas públicas, esta vez y a diferencia de la crisis de 2017, apoyada por las instituciones económicas y financieras. Pero el apoyo a la actividad y el empleo empeoró el déficit y la deuda de los países.

De la crisis, los países se fueron recuperando, pero en 2025 según el World Inequality Lab, el 10% de la población acaparaba más de la mitad de los ingresos globales y tres cuartas partes de la riqueza con una desigualdad de género persistente. En España, las 33 personas más ricas cuentan con la misma riqueza que el 39% de la población (Pacto Mundial. Red España, s.f.). Parece pues que el crecimiento económico per se no es inclusivo.

Por otra parte, el crecimiento sigue muy vinculado a la utilización de recursos naturales: agua, suelo, minerales. El control de estos recursos por parte de las grandes potencias se está convirtiendo en estratégico porque condicionan de forma importante la producción y el consumo mundial. Además, la disponibilidad de unos recursos que son escasos lleva al incremento del precio de los mismos y con ello de la tasa de inflación y la capacidad adquisitiva de la ciudadanía. De esta manera, las desigualdades no han disminuido sino más bien lo contrario.

Cabe destacar que España alcanzó el puesto 14 de entre los 167 que a nivel mundial han firmado la Agenda 2030, con una mejora notable desde el puesto 30 en 2016. Han progresado favorablemente los indicadores vinculados con el ODS 5 (Igualdad de Género), el ODS 8 (Trabajo decente), el ODS 9 (Industria e Innovación) y el ODS 11 (Ciudades Sostenibles). Mientras tal y como recoge el Pacto Mundial se observan retrocesos en el ODS 12 (Producción y Consumo Responsables), ODS 14 y 15 (Vida Submarina y Terrestre).

Con un compromiso serio por parte de todos los agentes económicos desde personas a empresas e instituciones sí que es posible el avance en sostenibilidad. Es necesario contar con indicadores que se vayan periódicamente actualizando y que se den a conocer para observar la evolución y también para evaluar y hacer los ajustes necesarios para acercarse al objetivo marcado. De esta manera si no cumplen los objetivos, una ciudadanía informada puede reclamar a las autoridades el cumplimiento de los compromisos tanto nacionales como internacionales firmados.

Bibliografía: